Tijuana, Baja California.- Luego de que un juez dictara una condena de 21 años de cárcel contra el sacerdote Noel Sebastián D’Mello por el delito de violación impropia agravada; la víctima, una religiosa de la congregación de las Misioneras de la Cruz, rompió el silencio tras un proceso judicial que se extendió por más de cinco años y denunció el abandono de la propia Iglesia a la que pertenece durante todo ese tiempo.
La sentencia contra el presbítero Noel Sebastián D’Mello se dictó el pasado 24 de julio y se leyó el 31 de julio de 2026. El juez Ángel Manuel Guillen Armenta impuso al sacerdote 21 años de prisión, el pago de 21 mil 720 pesos de multa, 34 mil 320 pesos por reparación del daño material y 143 mil 352 pesos por daño moral.
PRIMER COMUNICADO: 260607 - Arquidiócesis de Tijuana - Respecto al Pbro. Noel Sebastián D'Mello MC
Los hechos ocurrieron el 9 de noviembre de 2020 en la iglesia Nuestra Señora de los Dolores, ubicada en la colonia Emiliano Zapata de Tijuana, donde D’Mello agredió sexualmente a una religiosa que formaba parte de la congregación de las Misioneras de la Cruz.
La víctima, quien conversó con el semanario ZETA, fuente original de esta entrevista, declaró que la condena le brinda tranquilidad: “Me hace sentirme un poco más tranquila, porque yo sentía que no me creían… pero la sentencia lo hace evidente, que sí es verdad”, expresó.
“La justicia debe ser para todos, así sean sacerdotes, sea un obispo, sea el Papa, lo que sea, tiene que ser aplicada”, añadió la religiosa, quien, por evidentes circunstancias y para evitar su revictimización, permanece en anonimato.
La larga espera por justicia
El proceso judicial inició en junio de 2021, cuando la religiosa presentó la denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) luego de que su denuncia canónica ante la Iglesia permaneciera sin avances durante siete meses. La primera audiencia de vinculación se realizó en 2022, pero la defensa del sacerdote pospuso en múltiples ocasiones las audiencias intermedias. En 2024, la defensa rechazó un procedimiento abreviado que habría implicado una pena mínima de 14 a 16 años, lo que llevó el caso a juicio. El proceso se congeló por 19 meses hasta que en mayo de 2026 se programaron las audiencias.
La religiosa recordó las presiones desde su propia comunidad religiosa y que enfrentó durante esos años: “Me repetían: ‘Ya suelta, ya suelta, muchas mujeres han sido abusadas y salen adelante y son felices’, insistían que dejara la denuncia”, relató.
Un caso de abandono institucional
La víctima denunció que la institución eclesiástica no le brindó apoyo durante el proceso. En su primera declaración ante el clero, los sacerdotes la obligaron a declarar sola frente a dos canonistas hombres, a pesar de que solicitó hacerlo con una psicóloga mujer.
“Yo soy la persona que me han asaltado, que me han robado todo; no les importó, pasaron de largo y ahí me dejaron tirada, con las heridas abiertas y eso es muy doloroso, porque ¿dónde está el amor al prójimo? Somos proclamadores del amor de Dios y es muy triste que a las víctimas nos dejan ahí tiradas, con las llagas abiertas, porque la Iglesia no me escuchó, no me creyó, no me hizo justicia y no quiere sacar a la luz la verdad. Eso es muy triste y muy decepcionante”, manifestó la religiosa, al evocar la parábola del buen samaritano.
La monja también denunció que su propia congregación le negó alojamiento durante el juicio. Su superiora general le envió una carta informándole que no podía recibirla en el convento.
"Entonces fue otro dolor. Me dije: ¿Será que no me creen o qué? ¿Cómo es posible? Por más que le di razones, que era muy duro, que yo no quería estar sola, que ellas han sido mi única familia por 28 años; le pedí que me dijera qué leyes había violado para que me dejara fuera, pero no hubo cambio”, contó.
Los mínimos de humanidad y compasión, sin embargo, los recibió en el Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM), instancia que le ofreció un lugar donde vivir durante las dos semanas que duró el juicio.
La defensa pública de la Arquidiócesis
El 25 de julio, la Arquidiócesis de Tijuana emitió un comunicado firmado por el obispo administrador apostólico, Mario N. Villanueva Arellano (toda vez que la sede metropolitana se encuentra vacante tras el fallecimiento del arzobispo Francisco Moreno Barrón el 26 de octubre de 2025), en el que afirmó que el sacrerdote Noel no había recibido lectura del veredicto y que la determinación era impugnable. La sentencia ya se había dictado de viva voz el 24 de julio, con lectura programada para el 31 de julio.
“Están tratando de ganar tiempo”, coincidieron la víctima y su asesora legal, Zulema Rodríguez. La representante legal explicó que la defensa tiene 10 días hábiles para ampararse, lo que podría extender el caso hasta cuatro años más.
La religiosa expresó su escepticismo sobre el cumplimiento de la condena: “Yo siento que este hombre no va a pisar la cárcel, porque la iglesia tiene mucho poder; y ellos mismos lo anunciaron cuando terminó el juicio, que van a solicitar el amparo. Yo he leído (que) los sacerdotes, muchos de los sacerdotes así se liberan”, declaró.
El apoyo institucional y el mensaje a otras víctimas
Pese a la falta de respaldo eclesiástico, la religiosa encontró apoyo en el CEJUM y en la Fiscalía: “Si la iglesia no nos oye, sepamos que, por parte del Ministerio Público y Fiscalía, de los Tribunales, ahí sí nos escuchan, sí encontramos justicia”, afirmó.
“Quiero agradecer especialmente al Centro de Justicia para la Mujer (CEJUM) que me han apoyado todo este tiempo y eso es lo que me ha animado, me ha dado fortaleza para sentirme segura en el proceso penal, para continuar hasta terminar”, expuso la religiosa.
La víctima instó a otras personas que hayan sufrido abusos a perseverar: “No es fácil; es desagradable, vergonzoso, pero hay que perseverar”, dijo.
“El hecho de que haya salido todo a la luz, y que el juez fue testigo, para mí es un respiro… me da la tranquilidad de que ya la gente sabe quién es ese hombre”, concluyó.
